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25 de Enero del 2018 - 08:02 » Textos: Aaron Salomón / Juan Hidalgo » Fotos: Grupo Epensa
La Defensoría del Pueblo rechazó ayer tajantemente la posibilidad de que Alberto Fujimori vuelva a la vida política y cuestionó la forma en que el exmandatario se vio favorecido con el indulto humanitario y el derecho de gracia presidencial concedidos por Pedro Pablo Kuczynski en vísperas de Navidad.
Durante la presentación de un informe con un cúmulo de observaciones a la resolución suprema que excarceló a Fujimori, el titular de dicha institución, Walter Gutiérrez, fue enfático al señalar que el expresidente está impedido de realizar “actos públicos o políticos”.
Según explicó el funcionario público, el candado responde a que los delitos por los que fue condenado Fujimori fueron cometidos precisamente en el desempeño de estas actividades a lo largo de sus 10 años de gobierno.
“El indultado tiene la obligación de no realizar actos similares o iguales a la misma naturaleza que aquellos que le permitieron la comisión de delitos. En el caso del expresidente Alberto Fujimori, no puede realizar actos públicos o políticos porque fueron los que de alguna manera sirvieron de marco para la comisión de delitos”, manifestó.
De no cumplirse lo anterior, el defensor del Pueblo advirtió que el indulto humanitario podría ser revocado, dado que se dejaría en evidencia que realmente el estado de salud de Fujimori no es tan grave como sostiene el informe médico.
PERSISTENCIA
En otro episodio, Gutiérrez contó que la entidad que preside solicitó sin éxito hasta en dos ocasiones al Ministerio de Justicia el expediente con el que se justificó la excarcelación de Alberto Fujimori. Pese a los fracasos, indicó que continuarán en su búsqueda de acceder a la documentación: “Vamos a continuar en la exigencia de que (el Minjus) nos dé este expediente porque la Defensoría no admite que se le recorten sus competencias”.Horas después, a través de un comunicado, el Minjus finalmente atendió el requerimiento de la Defensoría y afirmó que “entregará la información solicitada”.
Adicionalmente, el sector encabezado por Enrique Mendoza aclaró que si bien respeta las opiniones de Gutiérrez, “mantiene su posición respecto a la legalidad y solidez de la
medida tomada por la Comisión de Gracias Presidenciales”.
OBSERVACIONES
Antes de exponer el informe defensorial, elaborado, cabe resaltar, sin el expediente médico del indulto humanitario, Walter Gutiérrez ya mostraba sus reparos ante la liberación de Fujimori.“Preocupa a la Defensoría del Pueblo la forma en que se da la gracia presidencial”, alertó en referencia al supuesto negociado que se habría dado durante la votación de la vacancia presidencial.
Acto seguido, enumeró las razones por las que el indulto y el derecho de gracia “no cumplieron con los estándares legales y jurisprudenciales”. En primer lugar, de acuerdo al análisis de la Defensoría, en la resolución suprema “no se esgrime una motivación suficiente acerca de la proporcionalidad entre la gravedad de los delitos concernidos y las razones humanitarias que habrían motivado” la decisión de PPK.
Por tal motivo, Gutiérrez sostuvo que “hay una débil motivación”, de tal manera que exigió que se dé “una mayor argumentación”.
En este punto es importante mencionar que hay un conflicto entre las versiones de la defensa de Fujimori y la de las víctimas del caso Pativilca, en torno a la fecha del inicio del proceso judicial (ver infografía).
También el órgano reprocha que la resolución suprema no precisa las razones médicas que justifiquen que la salud de Alberto Fujimori está realmente deteriorada.
Sumado a ello, el defensor esbozó ante los medios que si bien el presidente de la República tiene “la máxima discrecionalidad” al momento de conceder gracias presidenciales, este está sujeto a un “conjunto de límites normativos y jurisprudenciales”.
En este sentido, objeta que se “debió conceder a las víctimas y sus familias” de los delitos cometidos por Fujimori “la posibilidad de expresar su punto de vista sobre la concesión de las gracias presidenciales otorgadas”.
FUJIMORI LO DESCARTA
Por su parte, la congresista Maritza García, parte del bloque disidente de Fuerza Popular, sostuvo que el propio expresidente Alberto Fujimori, en una reunión que sostuvo hace unos 10 días con la mayoría de los autodenominados “Avengers”, les dijo que no tiene “ningún interés de volver a la vida política”.“Él mismo ha manifestado que, por su delicado estado de salud, no va a volver a hacer vida política. Además es lógico y obvio que una persona indultada no pueda volver a sus actividades, existen precedentes, como el caso de (José Enrique) Crousillat (cuyo indulto se revocó), y él ha anhelado tanto esta libertad que no la va a poner en juego”, manifestó en diálogo con Correo.
Agregó que, sin embargo, el exmandatario no está prohibido de hacer vida política, pues, legalmente, solo está restringido por su edad y su condiciones de salud.
Confirmó, asimismo, que Fujimori Fujimori les expresó su voluntad de conciliar con los deudos de La Cantuta y Barrios Altos y destinar parte de sus ingresos para el pago de reparaciones.
García también descartó toda posibilidad de que el exgobernante pretenda salir al extranjero, como se especula tras la tramitación de su nuevo DNI.
Por su parte, el vocero alterno del fujimorismo, Héctor Becerril, refirió que no cree que él vaya a volver a la política activa, también por temas de su edad y salud. “Yo creo que va a dedicarse a su familia, a disfrutar su libertad”, añadió.
Sin embargo, refutó al defensor del Pueblo y enfatizó que el expresidente no tiene ninguna restricción para hacer vida partidaria. “No está imposibilitado, cuando eres indultado recobras todos tus derechos, y obligaciones también”, remarcó.
En la misma línea, la portavoz alterna del partido “naranja”, Milagros Salazar, opinó que el Fujimori, dado su cuadro clínico, no puede someterse al estrés y tensión que significan la política activa. “No porque no quiera, sino para cuidar su salud”, concluyó
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